En los tres últimos debates electorales, celebrados en febrero, mayo y octubre de corriente año, el Partido Conservador fue víctima de cuantos atropellos, violencias y fraudes se creyeron necesarios para arrebatarle la representación que le corresponde, como mayoría que es de la opinión nacional,

Resuelve:

Art. 1).- Abstenerse de toda participación en las próximas elecciones para presidente de la República.
Art. 2.).- Los miembros conservadores de las corporaciones electorales se abstendrán igualmente de concurrir a las deliberaciones de dichos cuerpos (Tirado Mejía, p.339).

De allí en adelante, cada gobierno liberal fue puesto en tela de juicio, y en cada elección congresal y regional, salió a relucir por boca del citado Laureano Gómez la bandera del fraude, o mejor, el millón de cédulas falsas con las que acusó a López Pumarejo de haber ganado en 1934 (Tirado Mejía, p.83). Ese fue su capital político, el trampolín presidencial que tuvo, imputar al contrincante de turno, hasta el cansancio, una y otra vez con ese superávit de votos, que a veces en su retórica era de novecientos mil (Guerrero Barón, p. 224) y otras de un millón ochocientas mil cédulas falsas (Caballero, 2020, Reyes, 2021). De hecho, en 1947, siguió haciéndolo por vía de editoriales y discursos, acogidos inclusive por Mariano Ospina Pérez en sus alocuciones presidenciales: “Laureano Gómez pide nueva cedulación en el país” (Figura 1); “Causa fundamental de la violencia es el fraude” (Figura 2); “La violencia y el fraude serán reprimidos con máxima energía y sobre los responsables caerá el peso de la ley dice Ospina P.” (Figura 3); “El fraude es el responsable de la Violencia en el país” (Figura 4); “La violencia política es engendrada por el fraude” (Henderson, 2006, p. 442). Ese año es decisivo para esta cruzada. El Siglo publicó cerca de cuarenta y seis notas de prensa a priori a las elecciones de concejos del 5 de octubre con las que los conservadores repuntaron en la conquista de los cabildos. En ellas inclusive había las cifras “precisas” de las cédulas encontradas en los municipios del país para consolidar la infracción electoral liberal: “Canceladas 960 cédulas falsas” (Figura 5); “80 mil cédulas fraudulentas en el departamento de Bolívar” (Figura 6); “Se solicita del gobierno la cancelación de 80 mil cédulas dobles denunciadas” (Figura 7); “Más de 10 mil cédulas fraudulentas hay en la actualidad en la capital” (Figura 8). Por su parte, los liberales optaron por una respuesta con tres aristas: la de recordarle a sus contrincantes que los inspectores electorales estaban anulando las cédulas de procedencia infundada (Figura 9, 10), que la desinformación y la calumnia sobre la cedulación era un delito (Figura 11), y que las pruebas que a veces publicaban los diarios conservadores correspondían a cédulas previamente anuladas o a desprendibles sin validez (Figura 12 y 13).

Lo interesante del caso, es que, en el centro de esta operación, los menores de edad fueron piezas fundamentales. Algo de esto se menciona de pasada en el canónico libro La Violencia en Colombia (Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, 2014). Por ejemplo, en 1948 “el juez superior militar doctor Mora decomisó en San Andrés (Santander) 300 cédulas expedidas a menores de 8, 9, 10 y 11 años” (p. 261). Muchos de corta edad y otros cercanos a las fronteras de lo veintiuno años terminaron siendo partícipes de los votos del liberalismo, y a la postre, denunciados públicamente por las militancias conservadoras. Justamente, en la antesala y a posteriori de las elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947, en las cuales el gaitanismo se afianzó como la primera fuerza del liberalismo en la cámara y en el senado, o diciéndolo de otra forma, derrotó a la corriente santista del liberalismo con más de cien mil votos (Acosta Olaya, 2022, p. 260), El Siglo publicó lo que a su juicio serían las pruebas irrefutables del asalto del fraude. En sus manos estaban los nombres, los apellidos y los números correspondientes de las cédulas con las que los menores de edad participaron supuestamente de dicha jornada y en las que le precedieron durante los gobiernos liberales en varias ciudades del país: “Escandaloso fraude liberal en las elecciones del 16 de marzo” (Figura 14); “956 cédulas clandestinas fueron expedidas a liberales para marzo” (Figura 15). Asimismo, dieron a conocer a sus lectores las fotografías de esos documentos como la del “menor de edad Alfredo Vargas Núñez del municipio de Guateque. Fue expedida en 1934, cuando contaba apenas unos catorce años de edad" (Figura 16); o las de un grupo de dieciseises niños y adolescentes —uno con treces años— del municipio de Pacho que los hacía pasar por ciudadanos de 22 y 23 años de edad (Figura 17); o las de otros “menores en la población de Vijes, El Valle” (Figura 18). En ese fragor, los liberales contra denunciaron que el conservatismo era realmente quien había recurrido a la falsificación de la identidad para aumentar sus votos, como en las elecciones que se jugaron en 1949. Sobre este particular, El Tiempo publicó las fotografías de unas supuestas cartas cruzadas entre miembros del directorio conservador de los municipios de Candelaria y de Palmira para organizar las cédulas a menores de edad: “Si allá hay muchachos entre 15 y 20 años que les sea imposible cedularse le ruego enviármelos aquí a la mayor brevedad para doptarlos (sic) del instrumento” (Figura 19, 20).

En efecto, lograr la cédula electoral para un menor de edad era un trámite viable, más aún, cuando el principal requisito habilitante para adquirirla era la partida de bautizo, que no necesariamente precisaba la fecha de nacimiento y que a la larga se podía falsificar (Acuña Rodríguez, 2010, p. 50), como de acuerdo a los liberales, ocurrió en Pereira en 1949 (Figura 21). Así, en medio de esa pugna política, nació o se produjo una infancia puntual, instrumentalizada por unos para el recaudo de sufragios y por la otra orilla política para asestar golpes mediáticos al partido de gobierno: “Sanción implacable para los menores cedulados […] Severas medidas para combatir el fraude electoral se solicitan” (Figura 22). Llama la atención el lenguaje escogido por los denunciantes conservadores para señalar a los niños y jóvenes convertidos en adultos por la consabida cédula: “fraudes monstruosos” (Figura 23), “escandalosa cedulación” (Figura 24, 25), “numerosa cedulación; numerosas cédulas; numerosos casos de cedulación” (Figura 26, 27, 28), “gran cedulación de menores” (Figura 29), “niños tiene cédulas triples” (Figura 30), “por centenares se han anulado cédulas” (Figura 31), “increíble cedulación fraudulenta” (Figura 32), etc. Palabras fuertes y alarmistas en los titulares, e imprecisas en los contenidos. Realmente, fueron muy pocas las noticias que esbozaron datos o cifras —“500 menores y 600 muertos siguen votando en Popayán” (Figura 33)—, reales o no, pero con un peso distinto al de la especulación y al “ataque personal” (Tirado Mejía, 2019, p. 81), tan típico o característico del señalamiento laureanista. Como sea, cuesta saber con exactitud a ¿cuánto ascendieron las cédulas de menores de edad provistas por la burocracia electoral de los partidos?, ¿en qué fecha electoral se utilizaron más?, ¿en cuáles ciudades? ¿cuáles fueron las edades más falsificadas? Pero de que hubo fraude lo hubo —como lo reconoció López Pumarejo de su parte y los conservadores nunca de la suya (Tirado Mejía, 2019, pp.60-61)—, con la connivencia de todos los sectores políticos, e involucrando a los niños y adolescentes para hacerlos pasar por adultos, ciudadanos, o votantes primerizos, con el fin de imponerse al antagonista en las urnas.